La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hoy la destitución y consignación penal de un funcionario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Jalisco porque durante 16 meses no ejecutó un amparo que le ordenaba desahogar una audiencia en un juicio laboral.
Por 8 votos contra 3, el Pleno de la Corte consideró inexcusable la tardanza de Jorge Arturo Becerra Becerra para cumplir con un amparo otorgado desde el 3 de enero de 2014 por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo con sede en Zapopan.
Becerra es presidente de la Quinta Junta Especial de la JLCA, y fue hasta la semana pasada, cuando la Corte ya estudiaba el proyecto para destituirlo, que finalmente cumplió con el amparo, consistente en desahogar una audiencia en el incidente de sustitución patronal promovido por una trabajadora.
“El juez de distrito requirió en 19 ocasiones (a Becerra) para que diera cumplimiento al amparo, pero solo se informo que se había regularizado el procedimiento, pero que no se podía celebrar la audiencia del incidente por falta de notificación a las partes, lo que era su responsabilidad”, explicó el Ministro Eduardo Medina Mora.
“De poco sirve a una persona una sentencia concesoria de amparo si no se ve materializada, no debe tolerarse que las determinaciones de los jueces de amparo sean ignoradas por las autoridades, debe generarse un efecto disuasorio frente a la negativa reiterada para cumplir”.
La Corte consignará directamente ante un juez de procesos penales federales en Jalisco la acusación por el delito previsto en el artículo 267 de la Ley de Amparo, que castiga con cinco a 10 años de prisión e inhabilitación para el servicio público al funcionario que desacata este tipo de sentencias.
El juez penal ordenará la aprehensión de Becerra, quien podrá defenderse en libertad, porque el delito no es grave.
La Corte ha intensificado en los últimos dos años la presión sobre autoridades que desacatan amparos, sancionando incluso a funcionarios que sí cumplen las sentencias, pero lo hacen con meses o años de tardanza y hasta el último momento posible.
La lista incluye a un administrador tributario de la Secretaría de Finanzas del DF, a cuatro funcionarios y ex funcionarios del municipio queretano de Pedro Escobedo, a los delegados del ISSSTE en Nuevo León y Tabasco, y a cuatro ex funcionarios de Santa Catarina, Nuevo León.
